El Colegio de Arqueólogos de Chile ha manifestado
públicamente que el Rally Dakar ha cometido el delito de destrucción de sitios
arqueológicos, los que han quedado impunes dado que es una actividad auspiciada
por un organismo del Estado, el Instituto Nacional del Deporte (IND). También
hemos observado cómo de manera sistemática el Poder Judicial ha denegado el
derecho a Justicia desestimando todos los recursos y denuncias formuladas en
contra del Rally Dakar.
El pasado mes de noviembre el Colegio de Arqueólogos
concurrió ante la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, en dónde
expuso un completo análisis del marco jurídico vigente y de cómo éste ha sido
violentado por el propio Gobierno de Chile.
Como gremio comprometido con los intereses reales de nuestro
país, con nuestro patrimonio cultural y arqueológico y porque no podemos ser
cómplices del abandono de deberes, en los que han incurrido dos de los tres
poderes del Estado de Chile, es que hemos decido compartir de manera amplia
este análisis, a través de los medios de prensa de nuestro país.
Informes oficiales y públicos del Consejo de Monumentos
Nacionales, organismo técnico del Estado, han dado cuenta de los numerosos
casos de destrucción de sitios arqueológicos provocado por la competencia Rally
Dakar en sus distintas versiones, esta conducta constituye un delito, de
acuerdo a lo prescrito por el artículo 38 de la Ley 17.288. La situación es aún
más grave en la versión Dakar 2011 y 2012 donde incluso se han eliminado del
todo las medidas de compensación por la destrucción producida. El Estado ha
eximido de estos delitos a los organizadores del Dakar, la empresa Amaury Sport
Organisation quienes no han asumido su propia responsabilidad ante estos
ilícitos.
Debemos recordar que normalmente cuando se producen delitos
de destrucción de sitios arqueológicos es el Consejo de Defensa del Estado
quien persigue a los culpables y demanda indemnizaciones a través de la Acción
por Daño Ambiental. Sin embargo, en este caso el Consejo de Defensa se ve
impedido de accionar porque son organismos públicos quienes están detrás de la
promoción y desarrollo del Dakar en tierras chilenas, quedando entonces estos
delitos en una absoluta impunidad. La inacción del Estado frente al delito de
destrucción de sitio arqueológico está minando todo el sistema de protección
del Patrimonio Cultural de Chile.
Al respecto la vicepresidenta del Colegio de Arqueólogos,
Paola González, -abogada y arqueóloga- reflexiona: “El escenario que ha creado
el propio Gobierno de Chile, es grave. Si frente a un delito de destrucción de
sitios arqueológicos, no hay pena aplicada a los culpables, ni se ingresa al
sistema de evaluación ambiental, de modo de definir medidas de compensación
-que es lo que ha venido ocurrido en el caso del Rally Dakar-, mañana cualquier
otra empresa que reciba sanciones por destrucción de sitio arqueológico, podría
invocar el principio de igualdad ante la ley y negarse a pagar o implementar
cualquier medida de compensación. Esto sería una tragedia que haría caerse a
pedazos todo el sistema institucional de protección ambiental y patrimonial
chileno. El Rally Dakar está destruyendo algo más que patrimonio ambiental o
arqueológico, está poniendo en jaque a todo un sistema de protección
político/jurídico”, señaló.
La vicepresidenta del Colegio de Arqueólogos, prosigue: “No
es posible argumentar, desde una punto de vista jurídico, razones que eximan a
la competencia Rally Dakar de someter el trazado de la carrera a un estudio de
Evaluación de Impacto Ambiental. Hasta ahora sólo se ha aplicado una pseudo
evaluación ambiental que excluye un componente esencial del impacto ambiental
compuesto por las medidas de compensación. Es decir, al no existir estas
medidas estamos de lleno frente al delito de destrucción de sitios
arqueológicos. Nos resulta incomprensible que el Gobierno de Chile, permanezca
inactivo frente a este nivel de destrucción de su patrimonio, el que está
mandatado por ley a proteger. ¿Por qué se permite que una empresa extranjera
vulnere nuestra institucionalidad penal y ambiental?”.
Frente a este manto de omisión por parte del Gobierno (Poder
Ejecutivo), el paso natural es buscar amparo en otro poder del Estado, el Poder
Judicial. No obstante, éste ha denegado justicia sistemáticamente desestimando
todas las acciones legales interpuestas en contra del Rally Dakar. Pese a que
han existido documentos oficiales que acreditan la destrucción y daños graves a
sitios arqueológicos.
Cronología del Desamparo
El año 2009, se presentan dos acciones legales ambas
desestimadas. El informe de daños causado por esa versión del Dakar, constató
daños graves de seis sitios arqueológicos, ubicados en las regiones de Atacama
y Coquimbo, algunos de estos sitios alcanzaba una antigüedad mayor a los 4.000
años a.p. (2.000 ac.). Es importante destacar que la evaluación realizada en
esta oportunidad consideró un porcentaje mínimo (10%) del total de km.
recorridos (1.200 km en total) y no se contaba con una evaluación arqueológica
(línea de base) del recorrido previo a la competencia. Entonces, la situación
real de destrucción permanece sin ser definida hasta la fecha, y se puede
razonablemente suponer que el número de sitios arqueológicos destruidos es
mucho mayor.
El año 2010, el propio Colegio de Arqueólogos presenta una
denuncia en el Ministerio Público por Delito de Destrucción de Sitios
Arqueológicos ante la Fiscalía Diego de Almagro, la que también fue
desestimada. El informe de análisis post Dakar realizado por el Consejo de
Monumentos Nacionales, indica que en esta versión se dañaron 52 (50,5%) de los
103 sitios que fueron objeto de medidas previas de protección. No se tiene
ningún conocimiento del daño causado en otras zonas donde hubo cambios de
trazado de última hora dispuestos por la organización, desvíos o competidores
perdidos. Es decir, nuevamente la constatación de los sitios arqueológicos
destruidos no corresponde a una revisión exhaustiva de los terrenos que fueron
objeto de alteración por la competencia, si no sólo a un porcentaje ínfimo del
recorrido total. Aun así, estos 52 sitios destruidos dan cuenta del gran daño
que está produciendo año a año esta competencia
El año 2011, se presenta un nuevo Recurso de Protección ante
la Corte de Apelaciones de Santiago, el que vuelve a ser desestimado por el
Poder Judicial. La versión de este año del Dakar, ha sido la de mayor magnitud.
¨Para efectos de línea de base se definió la longitud total del trazado, 2.400
km. lineales, (una superficie equivalente al Parque Nacional Torres del Paine).
La línea de base realizada para la competencia del 2011, identificó 576 sitios
en total.
Para la evaluación de daños en los sitios arqueológicos, el
Consejo de Monumentos Nacionales informa que se revisó un total de 283 sitios
arqueológicos, equivalente al 58,2% de los sitios registrados en línea de base.
El informe señala que presentan daño en diversas magnitudes un total de 126
sitios patrimoniales, lo que equivale al 44,5% del total de sitios evaluados.
Plantea este informe que “sobre la base de la experiencia de las tres
competencias ya efectuadas (2009, 2010 y 2011), y habiendo realizado dos
evaluaciones anteriormente, es opinión del Área de Arqueología de la Secretaría
Ejecutiva del Consejo de Monumentos Nacionales que el Rally Dakar constituye
una actividad altamente dañina para el patrimonio arqueológico e histórico del
país”.
El año 2012, se interpone una nueva denuncia, la que también
fue desestimada por el Poder Judicial. Hasta la fecha no es conocido de manera
pública el informe de daños de la cuarta versión del Dakar. Sí todos los
informes de daños post Dakar son efectuados por el Consejo de Monumentos
Nacionales, organismo técnico del propio Estado y aún así no han sido
considerados como antecedentes por la justicia chilena. ¿Qué emisor válido está
esperando el Poder Judicial?
El Colegio de Arqueólogos de Chile, está profundamente
decepcionado de cómo dos de los tres poderes del Estado de Chile, se han
articulado para blindar una competencia pseudo deportiva, que sólo trae
destrucción a Chile. No obstante aún guardamos la esperanza que sea el Poder
Legislativo el que finalmente actué con sentido de Estado y proteja el
patrimonio cultural chileno.
Se autoriza la reproducción de esta Declaración, respetando
el contenido y sentido de la información.
Mayores antecedentes
–
Ximena Cifuentes G.
06 779 8237
prensa@arqueologos.cl
www.arqueologos.cl
FBK: Arqueólogos Chilenos
@col_arqueologos